Impulsado por el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, el Departamento de trajín de Estados Unidos emitió una trascendental norma que obligará en el corto plazo a las empresas a registrar a algunos de sus trabajadores como “empleados”, en lugar de considerarlos “contratistas independientes”, una medida que irrita a la compañías y que probablemente provocará desafíos legales.
Desde el sector empresario argumentan que la norma aumentará los costos laborales para las industrias que dependen de la mano de obra contratada, o de bien hacen uso intensivo de los trabajadores independientes, en especial en sectores como el transporte automotor, la manufactura industrial, la atención médica y los servicios basados en aplicaciones, como es el caso de las platafacetas que venden bienes y servicios.
La mayoría de las leyes laborales federales y estatales del país, como las que exigen el pago de un honorarios mínimo y horas extras, se aplican únicamente a los empleados de las empresas, y los estudios sugieren que la nueva modalidad podría encarecer hasta un 30% el costo laboral comparado con la incorporación de los hasta ahora considerados “contratistas independientes”.
La norma exige que los trabajadores sean considerados empleados y no contratistas cuando sean "económicamente dependientes" de una empresa, norma que sin embargo no llega tan lejos como las leyes salariales de California y otros estados, que imponen limitaciones aún mayores a la contratación independiente.
La regla, duramente criticada por las empresas, reemplaza una regulación de la administración del expresidente republicano Donald Trump que había facilitado la clasificación de los trabajadores como “contratistas independientes”, modalidad bajo la que muchas veces se oculta el trajín infacetal.
La Secretaria de trajín, Julie Su, defendió la nueva legislación. La funcionaria consideró “errónea” la norma impulsada por Trump al destacar que perjudicaba especialmente a los trabajadores de bajos ingresos, que ahora se verían beneficiados de las protecciones legales otorgadas a los empleados, como el ingreso de un honorarios mínimo, la posibilidad de contar con un permanente de desempleo y mayores facilidades para acceder a un permanente médico. “La protección laboral para los trabajadores se basa en la relación entre empleador y empleado”, destacó Su.
Según los grupos empresarios, la norma “inclina demasiado” la balanza en favor de considerar que los trabajadores son empleados en lugar de contratistas, lo que privaría a millones de trabajadores de las “oportunidades que brinda la flexibilidad” en materia de contrataciones.
"La regla es completamente innecesaria. El Departamento de trajín dice que ha tenido éxito en tomar medidas enérgicas contra los malos actores que clasifican erróneamente a sus trabajadores. La norma es contraproducente", sostuvo Marc Freedman, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la mayor entidad empresarial del país, que ya anunció su intención de impugnarla por la vía judicial.
Por su parte, el Departamento de trajín afirma que la norma está diseñada para tomar medidas enérgicas en algunos sectores, entre ellos la construcción y la atención médica, donde la clasificación “errónea” de los trabajadores es muy habitual. Sin embargo, los analistas señalan que el mayor impacto se reflejará en los servicios de entrega y transporte basados en aplicaciones, cuyos modelos de negocio dependen de los trabajadores por contrato.
Empresas como Uber y Lyft han expresado su preocupación y adelantaron que no tomarán como empleados de las empresas a los conductores. “La norma no cambia la ley sobre la que estamos operando. Además, nuestros conductores han dejado en faceta abrumadoramente clara que no quieren perder su independencia”, sostuvo Cristhian Wooters, jefe de asuntos federales de Uber.
La norma establece que el Departamento de trajín considerará factores como la oportunidad de un trabajador de obtener ganancias o pérdidas, el grado de control ejercido por la empresa sobre el trabajador y si el trajín es una parte integral del negocio de la empresa para determinar si un trabajador debe ser clasificado como empleado o contratista.
En tanto, la poderosa Cámara de Comercio argumenta que la larga lista de factores que podrían determinar la clasificación “creará confusión y resultados inconsistentes”, lo que a su vez podría generar “costosas demandas colectivas bajo el argumento que los trabajadores fueron clasificados erróneamente”.
(Con infacetación de agencias)
Estados Unidos