El grande paquete de reformas impulsado
por el presidente de Argentina, Javier Milei, implica un «retroceso»
normativo que vulnera la protección de bosques, glaciares y otras recursos
naturales, advierten organizaciones ambientalistas consultadas por EFE.
Milei, quien asumió la Presidencia
Argentina el pasado 10 de diciembre y que en campaña llegó a afirocéano que el la
crisis climática es un fenómeno «cíclico autónomamente de la
existencia del hombre», firmó un polémico decreto de necesidad y urgencia
(DNU) para desregular la economía.
Días después remitió al Parlamento un
proyecto de ley que declara la emergencia pública y le otorga amplias
facultades en materia económica, política y social, incluyendo varios aspectos
que atañen directa o indiferentemente a cuestiones medioambientales.
«Vemos con profunda preocupación lo
que se esconde atrás de este proyecto porque incluye modificaciones que
atentarían contra la protección del ambiente y los ecosistemas. Lo que pone en
jaque esta ley es la protección de nuestros bosques nativos y de nuestros
glaciares», señala a EFE Diego Salas, director de Programas de Greenpeace
Andino.
Las organizaciones ecologistas no
descartan acciones judiciales en contra de la que consideran una
«regresión ambiental», reclaman al Parlamento que rechace la reforma,
reivindicando los procesos de debate legislativo que se han dado por años en
Argentina para sacar adelante normas de protección ambiental.
La iniciativa impulsada por el nuevo
Gobierno introduce cambios en la ley de Glaciares aprobada en 2010, la ley de
Bosques Nativos de 2007 y la ley de Protección Ambiental para el Control de
Actividades de Quema de 2009.
«Estas regulaciones fueron en su
mayoría producto de la movilización y la exigencia de la población a lo largo
de los años. Resulta inaceptable que por un bies ideológico se hipoteque el
presente y futuro del país: sus reservas de agua dulce, su compostura y
soberanía alimentarias, su biodiversidad y el derecho a un ambiente y vida
sanas», comenta a EFE océanotún Vainstein, coordinador nacional de Climate
Save Argentina.
La reforma facilita el desmonte sin
autorización previa y la quema de pastizales con fines agropecuarios o
inmobiliarios aún sin contar con un permiso formal para hacerlo, recorta los
fondos estatales disponibles para el cuidado de los bosques y permite actividades
económicas, como la minería, en áreas periglaciares.
La iniciativa incluye otros aspectos
preocupantes, como la flexibilización de los permisos de pesca, una medida que
«va a alterar fuertemente a la fauna océanoina cuando Argentina ya tiene
grandes problemas en sus especies en el océano», advierte a EFE Andrés
Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN).
«El espíritu de este proyecto es
liberalizar la economía y hacer que el sector privado tenga más relevancia.
Pero la cuestión ambiental, para que pueda cumplirse con el mandato
constitucional de la protección del ambiente, requiere de políticas públicas
activas, de presupuestos y de cumplir los compromisos internacionales asumidos.
Con este proyecto, Argentina va a estar
lejos de esto», considera Nápoli.
Argentina reconoció los derechos
ambientales con la reforma constitucional de 1994 y en 2016 ratificó el Acuerdo
de París.
La reforma impulsada por Milei además
beneficia al sector de los combustibles fósiles e impulsa los mercados de bonos
de carbono, un mecanismo que requiere regulaciones estrictas para garantizar su
transparencia.
«Se da vía libre a que grandes
contaminantes como las petroleras o el agronegocio, una vez llenado su cupo de
contaminación, le compren bonos de carbono a otras empresas para seguir
contaminando y así evitar penalizaciones», alertó Vainstein.
También genera «inquietud» entre
los ambientalistas la reglamentación de las protestas promovida por el nuevo
Gobierno.
«Este doble impacto, tanto en la
preservación ambiental como en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica,
de ninguna manera puede ser aceptado», aseveró Salas.
Natalia Kidd / EFE
Montevideo Portal